A partir del 2 de agosto España comenzará a aplicar la Directiva Europea de Conciliación, que establece un mínimo de cuatro semanas de permiso retribuido para los padres desde el nacimiento de su hijo hasta los 8 años. Sin embargo, su implementación quedará suspendida hasta 2025 y sus términos están siendo negociados por el gobierno de coalición.
Esta directiva, aprobada en 2019, exige que todo trabajador tenga derecho a un permiso parental de al menos cuatro meses antes de que el hijo cumpla 8 años. De ellos, dos meses son intransferibles y deberán ser sancionados si no se cumplen. Por ahora, el gobierno tiene un margen adicional hasta agosto para cumplir con estos requisitos.
El derecho de familia ya reconoce este derecho, pero hay que determinar cómo y cuándo se financiará, lo que impide el pleno cumplimiento de la directiva. Funcionarios del Ministerio de Derechos Sociales aseguran que no renunciarán a sus cuatro semanas de salario, aunque algunos miembros del Gobierno ya lo han hecho.
El diputado de Sumar, Carlos Martín Uriza, explica que la directiva exige al menos 22 semanas de licencia remunerada: 14 semanas por parto y 8 por cuidado antes de que el niño cumpla 8 años. España ofrece actualmente 19 semanas, divididas en 16 semanas para el parto y 3 semanas adicionales para la lactancia.
Se propone que el PSOE amplíe el permiso de maternidad de 16 a 20 semanas y garantice el pago de 4 de las 8 semanas del permiso parental. Esto podría costarle al gobierno alrededor de 250 millones de euros por semana pagada. Además, si las normas no se transponen a tiempo, la multa podría ascender a 53.600 euros por día.
Hay muchas dudas e incertidumbres tanto entre los empleados como entre los empleadores sobre cómo se financiarán estos permisos. Según Catarina Capeáns, especialista en derecho laboral, aunque la ley otorga este derecho, no especifica cómo debe ser remunerado. Esto ha causado confusión sobre el porcentaje del salario que se destinará a estos permisos y sus costos.
Mamen Sánchez, consultora laboral, también destaca que la falta de claridad sobre cómo implementar estos permisos ha creado incertidumbre para muchas empresas. La responsabilidad de los pagos recae en el Estado, pero para que esto sea factible, se requiere un desarrollo regulatorio que garantice el pleno cumplimiento de la directiva para 2025.
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